Introducción
Muchas personas del movimiento mundial de justicia por el agua dudan que ponerle precio al agua sea una solución. Al mismo tiempo, muchos argumentan que las pérdidas de agua por sobre-explotación y abuso pueden ser por lo menos parcialmente mitigadas mediante sistemas de fijación de precios. A semejanza de los “topes e impuestos” ofrecidos como solución para el control de las emisiones de CO2, la idea de los fideicomisos de bienes comunes intenta asignarles un precio o valor a los ámbitos comunes naturales con la esperanza de restringir su explotación y reunir ingresos para múltiples usos potenciales, inclusive mejoras en la infraestructura.
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La idea de un “fideicomiso de bienes comunes” está siendo considerada en el estado estadounidense de Vermont como instrumento para reducir la explotación insustentable de los “ámbitos comunes naturales” como el agua subterránea. Si se aprueba, la ley S-44 reconocería efectivamente al agua subterránea como propiedad común sujeta a limitaciones de uso y tarifas para los usuarios industriales. Al tratar de determinar el “costo verdadero” del agua, dicha iniciativa apuntaría a limitar progresivamente el uso del agua para fines que implican consumo masivo. La ley S-44 propone que a cada habitante de Vermont se le devuelva el costo de su tarifa como una especie de “dividendo” derivado del cobro de las tarifas asociadas al uso masivo de recursos hídricos. Hoy en día no se le asigna al agua subterránea un valor que refleje su “costo verdadero”, que debería incluir el costo de la degradación de los ecosistemas ocasionados por el uso excesivo y el manejo sustentable a largo plazo. .Dicha ley, además, daría prioridad al uso del agua para consumo humano y para la agricultura en épocas de escasez, antes que para otros usos comerciales.
Según Peter Barnes del Tomales Bay Institute, a los elementos que componen los ámbitos comunes naturales se les deberían atribuir derechos de propiedad común, como una manera de garantizar que a nuestro planeta y sus dones, entre ellos los recursos hídricos, se los valore adecuadamente por su contribución al bienestar social y ecológico.
Barnes sostiene que un cambio de ese tipo implica una nueva forma de capitalismo que tendría el potencial de limitar la explotación y degradación ecológica, así como facilitar los dividendos individuales e incluso la inversión pública en bienes comunes y servicios públicos. En el estado de Maine en Estados Unidos, los legisladores están tratando de ampliar el alcance de la “doctrina de fideicomiso público” para que incluya al agua subterránea, ya que dicha protección legal sólo abarca actualmente a las aguas superficiales tales como los lagos y los estuarios. Tanto Vermont como Maine están considerando varias maneras de cobrar tarifas de uso adecuadamente valoradas a los usuarios industriales que consumen grandes cantidades de agua como las empresas de agua embotellada. En Michigan, por otra parte, el movimiento social de mujeres conocido como Sweetwater Alliance ha denunciado el impacto ecológico de las plantas embotelladoras de agua de Nestlé y la privatización del agua que efectivamente implica el embotellado de agua subterránea para la venta.
Hay iniciativas similares que empiezan a extenderse y prosperar por doquier. Otras campañas en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, tienen la mira puesta específicamente en el agua embotellada y el papel tanto de las grandes como las pequeñas empresas que pretenden obtener ganancias de la mercantilización y privatización del agua para la venta a los consumidores, mediante costosas campañas publicitarias que presentan al agua embotellada como una alternativa preferible al agua corriente de las empresas de agua municipales. Al mismo tiempo, hay municipalidades locales en New Hampshire, Estados Unidos, que han comenzado a presionar por la aplicación de ordenanzas y leyes que limiten o prohíban las extracciones masivas de agua bruta de los acuíferos subterráneos para uso de las empresas embotelladoras de agua. El empuje actual de estas iniciativas hace eco de las luchas exitosas llevadas a cabo por las mujeres en Plachimada, India, contra las plantas embotelladoras de agua de la Coca Cola que han afectado seriamente los niveles de agua y la agricultura de la región.
Preguntas
- ¿Debería “valorarse” o tasarse el agua (asignarle un precio que puede variar según su uso) para conservarla para un uso sustentable y equitativo?
- ¿Cómo interactuarían las nuevas formas de derechos de propiedad común con los derechos de propiedad privada existentes?
- ¿Cómo podemos presionar más efectivamente a los Estados para que no tomen partido por los grandes usuarios de agua y las empresas y que en lugar promuevan el acceso universal, público y sustentable al agua?
Notas y Enlaces
- Ley S-44
- El libro de Peter Barnes sobre la economía de los ámbitos comunes, Capitalism 3.0 (en inglés).
- Por información sobre los movimientos en contra de las empresas embotelladoras y el agua embotellada, ver los siguientes sitios web:
